Trampas legales para explotar el monte

Trampas legales

Se aplican todo tipo de artimañas para aparentar que se cumple con la ley. Se armó una organización a tales fines, que funciona aceitadamente de la mano del dinero.
Algunas hasta son ingeniosas, especialmente para las mentalidades lucrativas extremas, entre los que se destacan los más altos funcionarios del gobierno actual que postulan posiciones productivistas, también excesivas, apoyándose en la idea del progreso perpetuo y de las máximas rentabilidades para los pequeños grupos o empresas que concentran todas las ganancias, a despecho de las grandes mayorías sociales rurales, que son expulsadas de sus minifundios o pequeños campos porque no pueden sobrevivir en condiciones más o menos dignas porque no tienen ingresos dado que no pueden financiar sus pequeñas actividades productivas.

Terminan por alquilar o vender sus campos a los pools de siembra o venden sus montes a los explotadores forestales y se agrupan en los asentamientos precarios de las localidades del interior o migran al área metropolitana. Las trampas se han hecho más visibles en el curso de los últimos tiempos.

Para ir por todo el monte, especialmente por los algarrobos y los quebrachos utilizan la Disposiciónes, sancionada por la Subsecretaría de Recursos Naturales. Se valen de la amañada excepción que establecieron en el último párrafo del artículo 11 de dicho instrumento. La regla general establece una secuencia de contenidos bastante apropiados, que se orientan a proteger el suelo, el agua, la vegetación (el monte) y la fauna, o sea el ecosistema considerado integralmente.

Por esta cláusula se obliga al que solicita el otorgamiento de un plan de cambios de uso de suelo que cumpla con todas las condiciones previstas en dicho artículo, que son muchas y muy exigentes, entre las cuales se obliga al beneficiario a presentar un resumen legal y forestal, la determinación de los productos forestales que pretende extraer, con detalles de los tramos, especies y productos, más las imágenes satelitales del predio, el mapa de ubicación del campo, el mapa con categoría de conservación, el comportamiento del clima en período mayor de 10 años, la cartografía de uso de suelo, el plan de manejo de suelos y agua, la vegetación existente, un inventario forestal, las habilitaciones del suelo, cortinas vegetales, las planillas de inventario forestal y un plan de trabajo, que luego se frustran como consecuencia de las trampas legales porque al final del artículo 11 la Subsecretaría dispuso que todas estas condiciones no se deben cumplir cuando los aprovechamientos forestales comprendan superficies menores de 10 hectáreas, que sean propiedad de “pequeños productores”, siendo suficiente para que exploten el monte que presenten la voluntad de extracción total.

Para lograr tal fin, aparentemente altruista, consideran suficiente la realización de un inventario rápido, efectuado por personal técnico o profesional de Dirección de Bosques, en un trámite gratuito.

Esto, que parece un acto de bondad de una gestión que se postula progresista hacia los pequeños productores, se transformó en un herramienta formidable para atacar el monte, fundamentalmente para explotar algarrobos y quebrachos, especialmente los que están en tierras fiscales porque hasta los simples ocupantes - muchas veces ficticios- pueden solicitar estas autorizaciones con la intervención de los empresarios o productores forestales, quienes intervienen y manejan las actuaciones administrativas para solicitar la extracción completa del monte representando a personas que no son propietarias, con la venia ilegal del Estado.

Por ese motivo aparecieron muchos “nuevos ocupantes”, que una vez que se termina la extracción de la madera se van del lugar o nunca habitaron las tierras fiscales donde se explota la madera. De este modo están diezmando el monte bajo el auspicio de la actual administración.

Propiedades comunitarias indígenas explotadas

Uno de los grandes objetivos de los explotadores forestales ha sido y son los algarrobos de las propiedades comunitarias indígenas, especies centenarias que se preservaron como consecuencia natural de la cosmovisión de los pueblos originarios, actualmente en crisis producto de los intereses personales de algunos de sus dirigentes y representantes.
Allí están exterminando el monte de algarrobo, mientras las familias indígenas continúan en situación de pobreza extrema.
Algunos explotadores forestales siguen de fiesta ante el festival de autorizaciones otorgadas.
Es tan evidente el fraude a la ley que hacen figurar a familias indígenas como pequeños productores, cuando no lo son, autorizándose la explotación del algarrobos en superficies de hasta de 10 hectáreas cuando públicamente se sabe que la propiedad comunitaria es enorme por su gran superficie.
La maquinación se multiplica entregando muchas autorizaciones para extraer madera en superficies menores a 10 hectáreas, con lo cual amplían el radio de explotación según el interés directo del empresario, que acumula autorizaciones, lo que le permite una gran escala territorial de explotación y de ganancias.