El listado de los denunciados por la organización ambientalista incluye a Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Pablo Clusellas (Macri Group, Socma, Chery Argentina, Pago Fácil), Aldo Navilli (Molino Cañuelas, Vitamina), Alejandro Roggio (Grupo Roggio, Metrovías, Cliba), João Pereira Coutinho (Volkswagen Portugal), Bruno Varela Marín (productor ganadero uruguayo), Martín Laplacette (director de la filial local del grupo brasileño André Maggi), Andrés von Buch (directivo de la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana) y Arnaldo Hasenclever (director de la filial local de Grant Thornton International), entre otros. Greenpeace reveló que estos empresarios, como titulares de fincas en la provincia, solicitaron al gobierno de Juan Manuel Urtubey, que los autorice a desmontar en áreas donde la Ley Nacional de Bosques no lo permite.
“Nos propusimos ponerle nombre y apellido a los responsables de la violación de la Ley de Bosques en Salta para ampliar la frontera agropecuaria, uno de los delitos ambientales más graves que sufre nuestro país. Los empresarios deben respetar la ley y el gobierno hacerla cumplir”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La organización ambientalista advirtió que las modificaciones a la zonificación de Ley de Bosques solicitadas al gobierno de Salta por los dueños de las fincas, con el objetivo de desmontar en áreas protegidas, ya superan las 125.000 hectáreas, el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Estas rezonificaciones también fueron cuestionadas esta semana por un informe de la Auditoría General de la Nación
“El gobernador Juan Manuel Urtubey continúa con la política de deforestación de su antecesor Juan Carlos Romero. El desmonte de estas fincas tendrá un serio impacto ambiental y afectará a muchas comunidades campesinas e indígenas”, advirtió Giardini.
Desde la sanción de la Ley de Bosques, en Salta se deforestaron más de 400.000 hectáreas; de las cuales 120.000 hectáreas eran zonas protegidas. Greenpeace reclama a los empresarios y funcionarios responsables la inmediata cancelación de los permisos otorgados y el respeto estricto a la zonificación originalmente asignada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
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